Medida cautelar contra alcalde de Santa Isabel

El alcalde aludido dice que es una persecución política en su contra.

Alrededor de una hora duró la audiencia de formulación de cargos, por presunto delito de usurpación de funciones, desarrollada ayer en el auditorio de la Corte de Justicia del Azuay, en la que los acusados por parte de la Fiscalía Distrital del Azuay eran el alcalde del cantón Santa Isabel, Rodrigo Quezada; y quienes en su momento actuaron como concejales: Manuel Alcibiades Cabrera, Carmen Ochoa, Ana Eras y Ernesto Guerrero.

La audiencia se cumplió con la presencia de tres de los cinco acusados, Rodrigo Quezada, Manuel Alcibiades Cabrera y Carmen Ochoa (actual concejala de Ponce Enríquez).

El fiscal distrital, Lizandro Martínez, dijo tener elementos suficientes para pasar a la etapa de instrucción fiscal, por lo que pidió un lapso de 90 días para desarrollar la misma y a la vez solicitó medidas cautelares como la prohibición de salir del país a los implicados y la presencia periódica ante un juez.

La presidenta de la Corte de Justicia del Azuay, Jenny Ochoa, tras escuchar la exposición del fiscal Lizandro Martínez y las intervenciones de la defensa resolvió, dictar como medida cautelar, que los implicados se presenten el día lunes en la mañana, cada 15 días, ante el juez de Santa Isabel.

Son 90 días en los que Fiscalía deberá recopilar todos los elementos para sostener el dictamen acusatorio y, asimismo, los sujetos procesales que se encuentran investigados, presentarán sus pruebas o elementos de descargo, y si estos últimos son suficientes, simplemente emitiremos el dictamen abstentivo (es decir, abstenerse de acusar). Esta etapa permite tener un debido proceso, explicó Martínez.
Agregó que Quezada y los demás implicados, están acusados de usurpación de funciones. “Es una usurpación de funciones, un tema conocido y público en el que el fue destituido y el convocó a otro concejo y la denuncia ha sido presentada por un grupo de concejales que fueron en un momento dado destituidos en el cantón Santa Isabel”, expresó.

“Para nosotros es una prueba más de que el gobierno nacional sigue usando algunos instrumentos de justicia como la Fiscalía, para perseguir a quienes no estamos de acuerdo con él. Ya se aclaró que fue ilegal la destitución, que no se cumplió el debido proceso, eso deja sin piso cualquier denuncia de concejales que son los responsables de esta crisis, y, sin embargo, en lugar de ser ellos los perseguidos, somos nosotros pese tener todo el respaldo del pueblo expresado en las urnas”, expresó el alcalde Rodrigo Quezada, quien además calificó de imparcial, la decisión de la jueza Jenny Ochoa, adoptada ayer.

Criticó la falta de resultados, hasta ahora, de la denuncia presentada de manera paralela en la Fiscalía, en contra del grupo de concejales de Santa Isabel, de Alianza País, quienes, presididos por la vicealcaldesa Miriam Guartán, crearon un municipio paralelo y manejaron recursos públicos.

“Yo aspiro a que la Fiscalía vaya en este caso a investigar también los temas planteados en la denuncia nuestra, como el ataque a personas que estaban en el municipio, la desaparición de bienes públicos e información pública que hicieron desaparecer. Nosotros presentamos la denuncia pero no camina un paso y no caminará”, expresó.

Autoridades en procesos

En la provincia del Azuay: Están con procesos legales dos alcaldes, Rodrigo Quezada, de Santa Isabel, militante del entonces Movimiento Popular Democrático (MPD); y Elioth Trelles, de Paute, del movimiento CREO. Además, la exalcaldesa de Nabón, Amelia Erráez, exPachacutik, ahora Alianza País; y el prefecto Paúl Carrasco, del movimiento Participa.

En el 2008 también inició un proceso contra el entonces alcalde de Sevilla de Oro, Bolívar Tapia, quien era militante del Partido Social Cristiano y luego pasó a las filas de Alianza País. La acusación era por el delito de peculado,

Explicó el fiscal Lizandro Martínez, que el caso fue archivado hace unos años. “Se llegó a una suspensión condicional de la pena, lo cual permitía la ley con el código anterior, fue validada por la Corte Provincial de Justicia en esa época; una vez que se cumplió la sanción, la Corte ya determinó de que no tenía ningún elemento ahí”, dijo.

MÁS DETALLES

El proceso inició hace cinco años, por denuncia de concejales y exconcejales de Alianza País, en contra del alcalde Rodrigo Quezada y concejales del MPD, explicó uno de los abogados de la defensa, Patricio Torres.

Vamos a presentar pruebas que demuestran que no hubo destitución del alcalde, y que el conflicto político se originó en la usurpación de funciones de la vicealcaldesa Miriam Guartán, dijo el abogado.

“Denunciamos la usurpación de parte de la señora Miriam Guartán pero desgraciadamente en la Fiscalía no se ha hecho nada. Esto cae en una persecución; apelamos a la imparcialidad del señor Fiscal”, concluyó Torres.

Fuente: Diario el Mercurio de Cuenca.